Aunque para estas horas  la prohibición de circulación de un libro escrito por el sacerdote capuchino Miguel Ángel Cabodevilla y la periodista ecuatoriana Milagros Aguirre, ya ha sido revocada, el precedente es terrible, gravísimo para el ejercicio de las libertades en el Ecuador.

 

Memorias de las épocas de la Inquisición, cuando existían listas de libros aprobadas por la Iglesia católica, o de los países detrás de la cortina de hierro, en donde además era muy difícil conseguir ciertos libros, o de las más dramáticas dictaduras, nos vienen a la memoria, y nos parece increíble que en este siglo XXI puedan ocurrir estas cosas. Su sola mención nos hace pensar que el mundo y los seres humanos no hemos aprendido de los errores del pasado y se tiende a repetir capítulos que deberían ya ser borrados de nuestra historia.

 

Los regímenes dictatoriales suelen encontrarse y demostrarse molestos cuando se publican libros, artículos, salen en noticiarios o circulan por internet, noticias, estadísticas, comentarios, que enturbian o deslucen el lustre del que quieren estar rodeados.

 

El tema de los pueblos no contactados, a propósito del Yasuní, se ha vuelto de una actualidad vibrante y convoca a las pasiones; más todavía, cuando se hace alusión a una masacre ocurrida el pasado 30 de marzo, entre los taromeranis, uno de los últimos pueblos no contactados que quedan en el mundo.

La politización de la justicia o su sumisión a otros poderes del estado, es una de las peores cosas que le pueden ocurrir a un país. Recordemos que la división de poderes, lo que establece una especie de pesos y contrapesos, es parte de la esencia misma de la democracia, que debe ser defendida, como el sistema de gobierno en donde mejor se plasman las libertades y en donde mayores esperanzas existen para la pervivencia civilizada de los seres humanos.

 

El fallo de la jueza prohibiendo la circulación del libro, merece el rechazo de la colectividad entera, y del mundo sensible a estos temas.

 

 

 

ROSALÍA ARTEAGA SERRANO.