He dicho, en reiteradas ocasiones, que soy partidaria de las evaluaciones, que es necesario hacerlas para propender al mejoramiento, en este caso de la educación ecuatoriana.

 

Pero también, desde un inicio, al tratarse de las evaluaciones realizadas a las universidades ecuatorianas, que inclusive arrojaron como resultado la eliminación de algunas, actitud que consideré precipitada, manifesté que era necesario tomarse tiempos mayores en la búsqueda del ajuste de los centros de educación superior a las nuevas normativas, de lo contrario se podía caer en situaciones como la elitización del acceso a la educación superior, así como generalizar algo que debe estar particularizado en el análisis de cada centro educativo, que debe atenerse también a sus circunstancias locales, regionales y nacionales.

 

En esta ocasión, cuando estamos a pocos días de que se realizara la recategorización de las universidades del país, hay varias que han demostrado su disconformidad, y que esgrimen razonamientos y argumentos que deben ser escuchados al interior de las autoridades evaluadoras.

 

Sabemos que muchas, por no decir la mayoría, de las universidades ecuatorianas, no tienen por ejemplo todos los doctores o phds que sería de desear, que hacen falta más bibliotecas, más acceso, mediante suscripciones a publicaciones indexadas, más publicación por parte de sus docentes en este tipo de publicaciones, más rigurosidad académica, etc.; pero también es menester saber con cuántos recursos se cuenta para ello, y también si los tiempos estuvieron realmente ajustados.

 

Creo que es necesario, antes de hacer apreciaciones que pueden causar daños irreparables al prestigio de los centros de educación, analizar a fondo los entornos y las situaciones de cada una de las universidades, además de saber a qué comunidades se deben y cuales son las proyecciones que deben atenderse.

 

 

 

ROSALÍA ARTEAGA SERRANO.