ROSALÍA RTEAGA SERRANO
La situación política y legal del vicepresidente de la república es complicada, ya que si bien la Asamblea Nacional no ha dado todavía el visto bueno para el juicio político, el retiro de las funciones que originalmente le fueron encomendadas por el presidente Moreno le ponen en una especie de limbo.
La serie de escándalos de corrupción que se destaparon en Panamá, Brasil y Estados Unidos, no han tenido el eco que deberían en las instancias judiciales, pero muchos de estos escándalos apuntan en dirección a quien ejerce la vicepresidencia de la república.
Según las leyes vigentes en el Ecuador y en la mayor parte de los países del mundo, excepto en aquellos en los que gobiernan autócratas, las personas tienen el derecho a la defensa, por ello, pese a las sospechas, no se puede negar al vicepresidente esta capacidad.
Sin embargo, y frente a lo que vive el país, pensando más en el bien del Ecuador, lo recomendable sería la renuncia del segundo mandatario, lo que le dejaría en la capacidad de defenderse desde el punto de vista legal y político, sin poner en riesgo la estabilidad y la gobernabilidad del país.
Jorge Glas fue elegido vicepresidente, pero ha perdido la confianza de muchos de sus electores y la de su propio compañero de fórmula, eso es un indicativo claro de que el aferrarse al cargo de elección popular le puede causar más daño a él mismo y al partido al que se pertenece.
Alianza País, el partido en el gobierno, se encuentra en una encrucijada en la que seguramente se van a debatir por algún tiempo, pero en la que debería primar la lealtad al Ecuador y no a líderes que han perdido su legitimidad.
RENUNCIE Y DEFIÉNDASE