REFORMAS A LA JUSTICIA INDÍGENA

El Tiempo

5 de agosto de 2014

 

La Constitución que nos rige, la redactada en Montecristi en el año 2008 y luego aprobada por el pueblo ecuatoriano a través de consulta popular, consagra lo que desde mucho tiempo atrás se había venido haciendo, no solamente en el Ecuador, sino en otros países de América Latina, particularmente los Andinos, esto es la existencia y vigencia de la denominada justicia indígena.

 

Se habla de justicia indígena cuando se pone, por parte de las propias comunidades indígenas, en vigencia, códigos propios de comportamiento y, al margen de lo que diga la justicia ordinaria de un determinado país, se sanciona a quienes cometen delitos.

 

Así, en varias oportunidades, se ha conocido de personas que han sido desnudadas en público, azotadas con ortiga y, en algunos casos se ha hablado de linchamientos de personas de la comunidad por situaciones que sus miembros o integrantes consideran graves.

 

Muchos hemos demostrado preocupación por el ejercicio de este tipo de justicia, que puede pecar de subjetiva y que además establece sistemas que rompen el sistema de justicia nacional.

 

Los argumentos que se esgrimen en su defensa están relacionados con la poca fe y credibilidad que la justicia goza en el país, sobre todo entre los sectores indígenas y campesinos que, en términos generales, no tienen acceso a la justicia.

 

En los últimos días la Corte Constitucional establece que "la jurisdicción y competencia para conocer, resolver y sancionar los casos que atenten contra la vida de toda persona es facultad exclusiva y excluyente del Sistema de Derecho Penal Ordinario". Y esto aún en casos en que los ciudadanos imputados pertenezcan a nacionalidades indígenas o los hechos hayan ocurrido en territorios de los pueblos ancestrales.

 

Esta disposición cambia radicalmente el concepto de la justicia indígena, porque deja la responsabilidad, como debe ser, no en manos de vecinos o afectados, que pueden estar influenciados por los hechos ocurridos o que se piensa que ocurrieron.

 

Creo que esta reforma es positiva y retoma la rectoría del estado en un tema tan delicado como el imperio de la justicia en el país.

   

 

ROSALÍA ARTEAGA SERRANO.