Una de las políticas del actual gobierno, que parecería ser reiterativa, es tratar de fortalecer la presencia del estado, cortando la participación privada, más aún si esta es proveniente del extranjero.

 

La predisposición gubernamental, que parecería nacionalista, llevó a desconocer o a terminar unilateralmente los contratos, lo que en su momento fue aplaudido por diferentes sectores, sobre todo cercanos al ejecutivo.

 

Parecería, sin embargo, que las consecuencias legales y económicas de esas precipitadas actuaciones, empiezan a sentirse ahora, cuando al estado ecuatoriano, es decir al país, le toca pagar indemnizaciones millonarias, como la que recientemente se menciona de 217 millones de dólares a la empresa brasileña Petrobras, que no aceptó el nuevo modelo de contrato petrolero impuesto por el gobierno a las diferentes empresas.

 

La preocupación no puede dejar de mencionarse, en relación a saber por dónde van las negociaciones petroleras, y qué perjuicios se le causan al erario nacional.

 

Qué tan buenos son los acuerdos que se suscriben o que se denuncian? Cuáles son los niveles de endeudamiento que tiene el país? Se sigue disfrutando de la bonanza de los precios de los hidrocarburos en el mercando internacional, pero por otro lado tenemos indemnizaciones millonarias que indudablemente van a repercutir en el erario nacional, y van generando precedentes que pueden ser muy complicados de manejar en un futuro cercano.

 

 

ROSALÍA ARTEAGA SERRANO.