Cada día nos enteramos de capítulos referentes a las acciones y sanciones relacionadas con la asonada policial del treinta de septiembre, a la que se le quiere dar la figura de intento de magnicidio. Un día es el juicio al ex director del hospital de la policía, otro día es la sentencia dictada contra los entonces escoltas legislativas, y así, hasta la más reciente, que dice de sanciones económicas impuestas en contra de quienes se presume fueron los protagonistas de dicha asonada.

 

Acabamos de escuchar con asombro, como, por ejemplo, al mismo ex director del hospital de la policía, ha sido sancionado con una glosa cercana a los cien mil dólares. La injusticia es evidente si se analiza el caso. El entonces director de la casa de salud, no fue quien condujo al Primer Mandatario a dicho lugar, no fue quien dirigió o dio las órdenes para atacar la casa hospitalaria y puso en riesgo la vida de los pacientes a su cargo.

 

Las bajas registradas, son más bien de policías que fueron heridos o muertos en la refriega producida por el asalto armado a la casa de salud, con el pretexto de rescatar al jefe del Estado, quien, por otra parte, ejercía evidentemente su autoridad, en base a llamadas telefónicas y visitas de sus colaboradores.

 

Mientras se intenta castigar a un centenar de policías, con multas que oscilan entre los dos y los cinco mil dólares. Quién se hace responsable por las muertes ocasionadas? Quién investiga la responsabilidad del jefe del Estado y de sus ministros y colaboradores respecto de estos temas? Por qué no se miraron las consecuencias del asalto armado por parte de fuerzas militares, obviamente dirigidas por quien manda en el país?

 

Hay demasiados interrogantes insatisfechos que ojalá el tiempo logre develar. El Ecuador ha sido un país en las que las diferencias se han dirimido de otra forma, y no por el uso de las armas.

 

Castigar a los policías, mientras los culpables del asalto fungen de víctimas, es otra injusticia más por la que debemos protestar.

 

 

ROSALÍA ARTEAGA SERRANO.