Hay un viejo dicho que se repite en las esferas políticas y es el de que un escándalo tapa otro, demostrando con ello la fragilidad de la memoria de los pueblos, que tienden a recordar solo lo reciente, los episodios del día a día, sin pensar en aquellos eventos del convivir nacional que se quedaron sin una investigación completa o sin una sanción por parte de las autoridades judiciales.

 

La sensación de que en el país no hay justicia, o de que si la hay es demasiado lenta o no llega a todos, es algo que nos preocupa, nos inquieta, pone al país en el riesgo de no ser considerado serio, responsable, ajustado a derecho y sobre todo de no ser adecuado para la vida de las personas que en el habitamos.

 

Solamente en los últimos días hemos visto desfilar una serie de denuncias relacionadas a privilegios por la cercanía con el poder, a un presunto violador prófugo, a una madre y a su niña, también convertida en madre por el uso de la violencia sexual, impetrando por justicia, a escándalos en ministerios en los que se han desviado fondos públicos a cuentas particulares, todo lo que nos incita a exclamar: Qué asco!, frente a todo lo que está ocurriendo.

 

Ese asco profundo que se deriva de la acumulación de situaciones que atañen a los intereses del Estado, que no se clarifican, que apenas se denuncian a través de los medios de comunicación, sin que tengan un eco real en quienes están destinados a investigar o a ordenar que se investiguen, so pena de afectar seriamente la moral pública y la ciudadana.

 

Esa saturación de imágenes y de palabras que denuncian actos que atentan contra los bienes del Estado, que no se esclarecen hasta la saciedad y que quedan flotando en el ambiente, o que solamente producen la fuga de los implicados antes de que la justicia intervenga, van provocando una repugnancia por un lado o el hecho de que la gente se acostumbre a que los delitos queden impunes o sin el castigo ejemplarizador que deberían.

 

Si a esto se suma la cada vez más recurrente información sobre capturas de drogas, sobre procesamiento de las mismas en laboratorios ecuatorianos, el involucramiento de más ecuatorianos o de ciudadanos de otros países que viven en el nuestro, así como la violencia que se ensaña en contra de los ciudadanos comunes y corrientes, el panorama va siendo cada vez menos halagüeño, menos esperanzador, más angustiante.

 

Recordemos siempre que la primera obligación de los gobiernos, desde que se crearon los Estados, es la defensa y seguridad de sus asociados, es decir de sus habitantes.

 

 

 

ROSALÍA ARTEAGA SERRANO.