Es un imperativo, en los actuales momentos, el continuar hablando sobre la consulta popular planteada por el ejecutivo, con la que se pretende enmendar, reformar y hasta cambiar ciertos artículos de la Constitución aprobada en Montecristi , cuerpo legal que se dijo, era el resultado de consultas, de estudios, de análisis, y también contó con la respectiva  consulta al pueblo.

 

No voy a referirme en esta ocasión al contenido de las preguntas, que indudablemente nos preocupa, sino más bien a hacerlo sobre el procedimiento empleado, en el que se pide la calificación por parte de la Corte Constitucional, con lo que indudablemente se pone en aprietos a quienes integran este alto tribunal, ya que en un plazo perentorio deberán calificar la idoneidad de la consulta en general y de cada pregunta en particular.

 

Las preguntas enviadas por el ejecutivo, están redactadas de tal manera, que inducen a una respuesta determinada, es decir a votar "si" en dichas preguntas, con lo que tenemos el ingrediente del dolo, si a esto se suma el perjuicio económico que se irrogará al erario nacional, con la mencionada consulta, ya que se habla de la utilización de treinta millones de dólares, estamos claramente ante la figura del peculado en la que incurrirían tanto los proponentes como quienes la aprueben.

 

Por ello recomendamos mucha mesura a los integrantes de la Corte Constitucional, a quienes es menester recordar que el delito de peculado es imprescriptible.

 

La consulta, por otro lado, aparece como inconstitucional, violatoria del mismo cuerpo legal que pretende reformar, y por supuesto, aparece como una forma idónea para el ejecutivo, de mantenerse en una permanente campaña electoral, que tan beneficiosa suele ser para los gobiernos autoritarios y dictatoriales, que tienen como excusa el respaldo popular manifestado en las urnas, respaldo que responde más bien a una política de bonos y subsidios que no atacan a fondo los problemas que tiene el Estado ecuatoriano.

 

La reflexión de los dignatarios de la Corte Constitucional, debe ser mesurada, sin la pasión de la política, como corresponde a la alta jerarquía de la que gozan, pensando en los más altos intereses del Estado y no en satisfacer al mandatario de turno. Solamente allí estaría justificada su presencia y podrían mantener la frente en alto frente al pueblo ecuatoriano, que necesita recuperar la fe en las instituciones, pero sobre todo la fe en la justicia.

 

 

 

ROSALÍA ARTEAGA SERRANO.