Claro que estoy tentada, pero no voy a hablar ahora de una película de terror, de la mano o de los dedos que aparecen así, sin ton ni son, en cualquier momento y en las más inverosímiles circunstancias.

 

No, ahora quiero escribir sobre una de las situaciones que más nos está preocupando a los ecuatorianos y que tiene que ver con la administración de justicia, con esa capacidad que tiene el Estado, que en un democracia aparece claramente definida como la Función Judicial, y que debe tener absoluta independencia de los otros poderes del Estado, para que se preserve su autonomía, para que sepamos que ante la ley todos debemos ser iguales y que cuando uno de nuestros derechos aparece vulnerado, hay quienes precautelan el que haya un resarcimiento, que los delitos no queden en la impunidad, en fin, que impere la justicia.

 

Al menos eso es lo que se pretende que exista en un estado democrático, en donde, se dice, nada escapa a la larga mano de la justicia.

 

Claro que el nuestro no ha sido un país en donde la justicia haya podido realmente ser ese poder que ampare, proteja, castigue, y que lo haga al margen de las cuestiones de orden político y económico; pero parecería que ya debiéramos escarmentar como pueblo, y no estar sujetos cada vez más a los avatares de una política que hace que unos sectores se sientan con derechos sobre otros y que se piense que la justicia es de propiedad de unos en desmedro de los otros.

 

Las situaciones que se viven cada vez con mayor frecuencia, en las que se siente que esa larga mano tiene visos de convertirse no ya en la administradora de justicia, sino en la intromisión de unos poderes del estado en los otros, cuando la larga mano no vacila en ser juez y al mismo tiempo parte, todo ello nos pone muy mal parados frente al concierto internacional, y genera cada vez una mayor desconfianza al interior de un país que debería estar ya llegando a una madurez democrática.

 

 

ROSALÍA ARTEAGA SERRANO.