Siempre hemos considerado que había que regular de manera adecuada el tema del tránsito en nuestras ciudades y carreteras, tanto por preservar la seguridad ciudadana, como por ir educando a la población en sus responsabilidades, en el respeto a la ley, en la solidaridad para con los peatones, en fin, en una serie de aspectos que en la ley y en la educación vial debían regularse.

 

Sin embargo de ello, hemos asistido en los últimos días, tras la aprobación de las nuevas regulaciones y su entrada en vigencia, a un endurecimiento de las penas verdaderamente draconiano, no solamente por el incremento en cuanto a las penas pecuniarias, atadas a los salarios mínimos vitales, sino también con la decisión última de que quienes infrinjan los máximos de velocidad permitidos en las calles, avenidas y carreteras, pueden ir a prisión por varios días.

De hecho, ya en los primeros días de la aplicación de las nuevas penas, conocemos que algunos ciudadanos, entre ellos algún médico que se disponía a atender una emergencia, estudiantes, etc, han ido a dar con sus huesos en la cárcel como resultado de la medida.

 

Si bien creemos que la gente debe hacerse responsable por la violación de la ley, nos parecen exageradas las penas de prisión por exceso de velocidad.

Qué va a pasar con las cárceles y lugares de detención del país, que ya ostentan un récord de ocupación? En qué condiciones se va a tener a tanto detenido? Cuando sabemos que la infraestructura carcelaria es absolutamente deficitaria, incluyendo las nuevas prisiones que están en construcción.

 

Los países en donde se aplican leyes más duras no son aquellos en los que se cometen menos delitos. Lo más importante es una educación cívica, una educación en valores, que realmente cambie la sociedad y la transforme en un hábitat mejor para todos.

 

 

ROSALÍA ARTEAGA SERRANO.