El drama de los jóvenes del colegio Mejía, que fueron detenidos, que no pueden ingresar nuevamente a las aulas, deja ver de manera dramática la falta de encuentro entre las autoridades educativas y los jóvenes estudiantes.
 
La experiencia en la docencia, así como el ejercicio de las funciones en el Ministerio de Educación, hacen que vea la temática desde una perspectiva objetiva, pero al mismo tiempo siento lo que deben sentir las madres y padres de familia de los jóvenes drásticamente sancionados y que, además, no encuentran un final a las peripecias que han tenido que afrontar desde los hechos acaecidos en septiembre.
 
Sabemos que por un lado es indispensable un principio de disciplina, y que la autoridad debe ser respetada, pero también hay que advertir las motivaciones que los jóvenes tienen en sus actos de protesta, así como la dimensión y la calidad de la pena que se impone.
 
Los jóvenes y sus padres de familia han tenido que recurrir a la justicia internacional para reclamar por los derechos que les han sido conculcados, por un lado la privación de la libertad y por otro la posibilidad de educarse.

 

El tiempo que los jóvenes están perdiendo en sus estudios y en sus vidas, es irrecuperable y sus padres lo han sentido así, cuando se declararon en huelga de hambre, cuando han exigido a la autoridad explicaciones por el maltrato a estos jóvenes que ahora aparecen como un símbolo de lo que la intolerancia puede conseguir.

 

Desde esta columna, mi voz solidaria para con los jóvenes y sus padres. Habría que preguntarse si quienes ahora ejercen el poder no tuvieron actitudes de protesta en otros tiempos y qué penas se les aplicaron.

 

 

 

ROSALÍA ARTEAGA SERRANO.