En los últimos tiempos se ha mencionado reiteradamente la necesidad de construir mecanismos que permitan la inversión de recursos públicos y privados, de manera conjunta, en la solución de temas emergentes y sobre todo buscando dinamizar la generación de empleo a través de la creación de iniciativas públicas que cuenten con los capitales frescos que la empresa privada puede ofrecer.

Sentimos, en este respecto, que el sector público perdió muchos años, enfrascándose en una especie de lucha que procuró, en los años pasados, anular la participación del sector privado en un sinnúmero de campos, entre los que podemos destacar el educativo, el de la salud, y más bien vimos cómo se produjeron cierres o venta de espacios para que sea el sector público el que realice las inversiones.

De igual manera, los paquetes de leyes, aprobados de tanto en tanto, lo que hicieron fue desestimular la inversión privada, así como tampoco atrajeron los capitales privados tanto nacionales como internacionales al país, a través de medidas como los impuestos a la salida de capitales, endurecimiento de la leyes laborales, persecusión de temas como la tercerización, entre otros.

Ahora, cuando ya han pasado más de ocho años desde el inicio del gobierno de "la revolución ciudadana", nos encontramos con que se pretende rectificar, hacer llamados a los sectores productivos, a los empresarios, pero tampoco el discurso es coherente con la práctica, por un lado se habla de tender puentes, y por otro se continúa denostando del sector privado y amenazando con medidas como la ley de herencias y el aumento del valor de la plusvalía de los bienes inmuebles.

Si los gobernantes quieren realmente afianzar la existencia de las denominadas alianzas público-privadas, lo mejor sería equilibrar los discursos y estimular a la Asamblea Legislativa a crear o modificar cuerpos legales que faciliten la inversión y que no ahuyenten a quienes pueden invertir, creando un clima de confianza y de seguridad jurídica.
 

ROSALÍA ARTEAGA SERRANO.