ROSALÍA ARTEAGA SERRANO

 

Una declaratoria de emergencia significa que reconocemos que hay situaciones graves que deben ser enmendadas o mejoradas. Significa que el estado debe darle los recursos que requiera el sector y que pueden agilizarse los procesos que normalmente toman tiempos largos.

 

Se ha acostumbrado que estas declaratorias se hagan cuando ocurre una catástrofe natural, cuando la gravedad de la situación lo amerita en una determinada área.

 

Hace algunos días hice la propuesta al Ministerio de Educación del Ecuador, de declarar en emergencia a este sector, y lo hice convencida de la gravedad en la que se encuentra la educación en el país, con escuelas cerradas, sin un norte claro de lo que debe hacerse a futuro, con casos de violencia, con denuncias, con maestros desmotivados y en muchos de los casos sin la suficiente capacitación para enfrentar los retos.

 

Por otro lado, las situaciones de corrupción escandalosa que todos los días se denuncian, demuestran que la ciudadanía no tiene las fortalezas necesarias en cuanto a los valores, al compromiso con la ética y el bien común, que deben formarse y fomentarse en la casa y en la escuela, por lo que en el currículo hay que poner énfasis en temas como ética, como desarrollo del pensamiento, si queremos que nuestros estudiantes estén provistos de los elementos fundamentales para su desarrollo y éxito en la vida.

 

De ahí se desprende la necesidad, por primera vez en nuestra historia, de declarar en emergencia a todo el sector de la educación, ahí se podrán hacer las evaluaciones requeridas y tomar con urgencia las acciones que se necesitan para enrumbar de debida manera a esta tan importante área para que el país funcione y tenga bases firmes.

LA EDUCACIÓN EN EMERGENCIA