Por qué la prensa libre incomoda a los gobiernos? Por qué esas permanentes llamadas de atención, enjuiciamientos, persecusiones a quienes se expresan a través de los diferentes mecanismos que los tiempos modernos nos ponen a la disposición? Por qué se ha judicializado la libertad de expresión?

Todos estos interrogantes debemos hacerlos una y otra vez, frente a los hechos que vivimos reiteradamente en el Ecuador de hoy, en la Venezuela de hoy, en la Argentina de hoy, cuando expresarse ya no es algo inocuo, ya no está permitido decir lo que se piensa.

En un inicio parecía que los ataques eran solo contra los medios tradicionales, llámense estos prensa escrita, radios, canales de televisión, pero vemos como poco a poco, estos controles van penetrando más y más, hasta hacerse presentes en los diversos mecanismos que la tecnología facilita a los ciudadanos, como aquellos que se ponen de manifiesto a través del internet, por ejemplo.

 
Así, en estos días hemos asistido, mitad incrédulos, mitad escandalizados, a la decisión de las autoridades e instituciones gubernamentales, de empezar trámites para el cierre o disolución del Observatorio de Medios conocido como FUNDAMEDIOS, una entidad de la sociedad civil que venía realizando el análisis de lo que ocurre con los medios de comunicación en el Ecuador, estableciendo estadísticas, encontrando las distorsiones que la famosa ley de medios provoca en el país.

 

Este anuncio ha disparado las protestas internacionales y también al interior del país se han planteado reclamos frente a lo que ocurre y a lo que está por ocurrir, demostrando que, por más que se quiera, las voces no pueden ser acalladas y que si se tapa o se cierra un mecanismo de verdad, surgirán otros, tantos como sean necesarios, para denunciar los atropellos y para ejercer un derecho humano fundamental como es el de la libertad de pensamiento y de expresión.

 

Ojalá la autoridad competente recapacite, no quiera igualar a lo que ocurre en una pseudodemocracia como la venezolana, en la que los ciudadanos son penalizados solo por el ejercicio del derecho a pensar, a disentir, a manifestar sus sentimientos en contra de lo que quiere imponerse.

 

 

ROSALÍA ARTEAGA SERRANO.