Cuando el actual gobierno se estrenaba, cuando se hablaba de refundar al país, cuando se decía que la política debía entenderse como el mejor mecanismo al servicio del pueblo y se denostaba de la antigua partidocracia, de la que tanto se sigue hablando aún en estos días, todos esperábamos al menos un cambio en el estilo de aprobar, de hacer las leyes, aquellas que el país necesita para constituirse en uno que fomente el bienestar, que haga posible un trato más equitativo, que de oportunidades a todos.

 

Sin embargo, también desde el comienzo, con la forma en que fue intervenido el entonces Congreso Nacional y las formas que persisten entre quienes integran la Asamblea que constituye el poder legislativo, podría decirse que la situación no solo ha mejorado sino que ha empeorado sustancialmente.

 

Y esto es vergonzoso, y esto es doloroso. Se reeditan los tira y afloja, el desempeño de asambleístas que de la noche a la mañana cambian de opinión, dejan de defender las tesis por las que antes batallaban y abrazan las que en días atrás denostaban y encontraban inadmisibles.

 

Se nota la existencia de cambios bruscos que hacen sospechar alianzas tras bastidores, o acuerdos en los que el bien común aparece totalmente alejados de la toma de decisiones.

 

La aprobación de leyes parece que pasa por aquellos procesos en los que no se convence con argumentos, en los que no prima esa convicción de que lo que se está haciendo no debe tener como norte el bien del gobierno de turno, que, por más eterno que pueda parecer, termina siendo transitorio; sino el bien de la ciudadanía, la defensa de las libertades, el avance de una verdadera consolidación de una sociedad auténticamente democrática.

 

La discusión de la ley de comunicación adolece de estos manejos que distorsionan el ser de la democracia. Más aún, parecería que quienes están en los cargos de asambleístas, no vieran más allá de sus narices, y no se dan cuenta que las libertades están más allá de su adhesión a una ideología o, peor aún, a un determinado caudillo político.

 

 

ROSALÍA ARTEAGA SERRANO.